La regulación de la Corona, ¿una quimera?

Daniel Pinelo

Don Juan Carlos envejece. A nadie se le escapa que las 75 primaveras que tiene el Rey son muchos años y que, como a todos los seres humanos a esa edad, los achaques físicos están a la orden del día. Por eso, en los últimos años nos estamos acostumbrando a una imagen característica: la llegada del Jefe del Estado en coche a un hospital (público o privado) para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a otro tipo de cuidados clínicos, saludando por la ventanilla a las decenas de periodistas que aguardan su ingreso en el centro.

La noticia de que la última operación del Rey supondrá que el monarca estará varios meses de baja ha reabierto el debate sobre la necesidad o no de regular legislativamente las funciones y actividades de la Corona española. Se trata de un debate que, todo sea dicho, no tendría que existir, pues la Constitución de 1978 ya establecía que debía regularse el Título II, relativo a la Casa Real. Muchos partidarios de la continuidad de la monarquía piden que, durante las ausencias de don Juan Carlos, el Príncipe de Asturias asume parte o la totalidad de las funciones de su padre y, así, vaya preparándose para el momento en el que le toque reinar.

Esta semana, Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentaba en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que, "en el plazo de seis meses, presente un Proyecto de Ley que desarrolle del Titulo II de la Constitución relativo a la Corona". Sin embargo, la propuesta del partido de Rosa Díez tiene todas las papeletas para quedarse en el tintero debido a la postura en contra del Partido Popular (y su mayoría absolutísima en la Cámara baja). No en vano, el portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso, calificó de frivolidad la petición de UPyD y señaló que en estos momentos no se dan las condiciones necesarias de consenso. El PSOE tampoco tiene muchas ganas de impulsar la Ley Orgánica de la Casa Real, así que el debate sobre este asunto en el hemiciclo se presenta inútil. Una vez más, el bipartidismo político español pondrá freno a las peticiones de otros sectores de la sociedad. Centrándonos en este caso, resulta incomprensible cómo socialistas y populares impiden la regulación de una institución clave en la vida del país cuya regulación, para más inri, viene recogida en la carta magna. Esquivar este tema tendrá sus consecuencias cuando se produzca la sucesión al trono. En ese momento, las dudas asaltarán, incluso, la mente de los más célebres constitucionalistas, incapaces de dar una respuesta correcta y fiable a la cuestión de cómo llevar a cabo la sucesión. Ante ese panorama, ¿es rentable seguir esperando? Parece que el PP y el PSOE opinan que sí.

Foto: www.noticiasdenavarra.com